El Gobierno de Chile anunció la decisión de impulsar un proyecto habitacional que, acompañando el cumplimiento de lo resuelto por el Poder Judicial, sea una solución definitiva e integral para las familias del campamento Cerro Centinela. De esta manera, se busca mitigar el problema humanitario, con costos sociales y económicos, tanto para las familias y la ciudad de San Antonio como para el Estado, que constituye el desalojo de más de 10 mil personas.
Para llevar a cabo el proyecto habitacional, se contempla el uso de las facultades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Serviu de la región de Valparaíso, en el marco del ordenamiento legal y constitucional, para expropiar y adquirir el lote 1-A del terreno, que corresponde a 100 de las 215 hectáreas.
Esto último corresponde a un proceso normado por la Constitución y la ley donde el precio puede ser acordado con los propietarios o determinado por una comisión de peritos a partir de criterios técnicos, objetivos y de mercado, con mediación de los tribunales de justicia. El desalojo se ejecutará, de manera gradual y responsable, en los terrenos que no serán expropiados.
El proyecto permitirá ofrecer una solución habitacional, en estas 100 hectáreas, a las más de 4 mil familias que actualmente residen en el campamento, en lotes debidamente urbanizados, con solución sanitaria.
En conversación con RVL, Gloria Maira, delegada para la megatoma, explicó algunos de los aspectos clave, como es la reubicación de las familias, "Serviu tiene bastante experiencia en el manejo de los asentamientos precarios y la forma de regularizarlos. Se hace un proyecto que va resolviendo por etapas las construcciones y la reubicación de las familias. En este momento dentro del propio terreno a expropiar existen lotes desocupados a los cuales se pueden reubicar algunas familias. Hay algunos otros terrenos en el entorno que es posible también utilizarlos de manera transitoria para efectos el desarrollo del proyecto habitacional. Cuando digo transitoria estamos pensando en un tiempo de 6 a 8 años, o sea, en cualquier proyecto habitacional tiene varios años de desarrollo, por lo tanto, esto va a ser un proceso gradual, donde las propias familias del cerro, las cooperativas a través de su federación se han comprometido para efectos de colaborar en todo lo que implique la reubicación y nadie va a quedar hacinado", señaló.
También planteó que este proyecto deberá tener continuidad de cara al próximo gobierno y afirmó que el objetivo de la presente administración deje todo instalado, "El trabajo que estamos desarrollando como ministerio y como gobierno en general es que de aquí al cambio de gobierno quede la solución instalada. Efectivamente, que se finalice el proceso de expropiación, se consignen los recursos, que el valor del terreno que establece una comisión de peritos y ya está funcionando a efectos de dejar eso instalado y dejar el convenio firmado y todo lo que implique en términos de subsidios. Esto no es una excepción respecto de la forma en que se trabaja la política de vivienda en el país. Estas son políticas de Estado, no son políticas gubernamentales. De hecho, cuando el gobierno presidente Boric asume el ministerio recibe de parte del gobierno anterior una serie de subsidios ya asignados y por tratarse de un gobierno distinto, usted no puede retrotraer las decisiones que implican familias, asentamientos, compras, desarrollo de vivienda, en fin, sería impensable en materia de política pública, no es así como funciona", señaló.