Con el fin de dar cumplimiento al compromiso del Presidente de la República, Gabriel Boric, de dotar a Isla de Pascua de un estatuto especial, el 13 de agosto de 2025 se dio inicio a la etapa de planificación de la consulta indígena para elaborar el proyecto de ley correspondiente que será ingresado al Congreso durante este Gobierno.

El texto que resulte validado a través del proceso de consulta constituirá un paso decisivo para saldar una deuda histórica que el Estado de Chile mantiene con el pueblo Rapa Nui.

La iniciativa legislativa propone establecer un Estatuto Especial de Gobierno y Administración para Isla de Pascua, reconociendo su condición de Territorio Especial según lo previsto en el artículo 126 bis de la Constitución.

El texto plantea desvincular administrativa y políticamente a Isla de Pascua de la Región de Valparaíso, creando un gobierno de territorio especial (GTE) con personalidad jurídica, patrimonio propio y un presupuesto autónomo. Se estructura una institucionalidad descentralizada, autonomía administrativa y de gobierno, garantizando progresivamente la transferencia de atribuciones en materias como planificación territorial, patrimonio, tierras indígenas y medioambiente, y otras materias, con el fin de reparar una deuda histórica y promover un diálogo intercultural.

Se consultan las propuestas de medidas legislativas o administrativas cuando éstas sean susceptibles de afectar directamente los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.

Isla de Pascua, en virtud del artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, será reconocida como un territorio especial bajo la misma denominación.

En consecuencia, se suprimirá su actual vinculación administrativa con la región de Valparaíso, sin que ello importe la creación de una nueva región, sino la configuración de una unidad territorial dotada de un régimen especial de administración. Dicha unidad territorial tendrá por objeto avanzar en mayores niveles de autonomía administrativa y de gobierno, en concordancia con el carácter unitario del Estado, y con pleno respeto al orden constitucional y legal vigente.