El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, afirmó este jueves que buscarán opciones de acuerdo ante el posible desalojo de la megatoma de San Antonio. Esto, luego de conocerse el fracaso de la mesa técnica que buscaba realizar una compraventa del terreno, que terminó sin acuerdo y abre un escenario de desalojo de casi 10.000 personas.

"Pensar de que aquí la ley establece que tiene que cumplirse, pero también hay que buscar alternativas que permitan que las partes se pongan de acuerdo. No quiero hablar de los dueños, la rigidez de los dueños o la generosidad o amplitud de los dueños. Quiero decirles que no se logró acuerdo, pero que no se ha terminado el tiempo para buscar acuerdo", dijo Montes.

El secretario de Estado recordó que hubo "un acuerdo de confidencialidad, pero ellos los abogados, antes de entregar este informe a los dueños, no deberían manifestarse. Muchos de los dichos que tienen no son efectivos, y yo no voy a dedicar tiempo a hablar", señaló.

Respecto de la existencia de incertidumbre en el pago y garantías, que argumentó la inmobiliaria, contestó: "Estos no son los dueños, estos son los abogados de los dueños a los que contrataron esta comisión técnica. Ellos hacen esas afirmaciones, pero son discutibles", cuestionó el ministro.

"Hay un problema especialmente en el valor del terreno", concluyó Montes, señalando que el carácter técnico de la mesa consideró todos los factores, pero sencillamente había desacuerdo en éstos.

Ayer, desde Inmobiliaria San Antonio señalaron: “Hemos reducido el precio del metro cuadrado en varias ocasiones, accediendo finalmente al valor propuesto por el Minvu, que está muy por debajo del valor comercial, pero no hemos tenido respuesta a las demás variables, que son consustanciales a una venta de terreno". 

Ante esto, ayer el MINVU argumentó: “El valor propuesto por los propietarios se sustenta en informes que no se encuentran técnicamente validados por el Minvu – en su rol de resguardo técnico del proceso-, no es un valor financiable, ni tampoco sostenible en el tiempo por las familias. Triplica el valor de la tasación encargada por el Minvu obstaculizando cualquier posibilidad de acuerdo, financiamiento o garantías institucionales”.