Este lunes se conoció que las y los integrantes de la Comisión Técnica constituida según el protocolo de acuerdo firmado el 24 de febrero pasado; entre Inmobiliaria y Constructora San Antonio SA., el ministerio de Vivienda y Urbanismo, la I. Municipalidad de San Antonio y la subsecretaria del Interior; dieron cuenta que en sesión de fecha 22 de agosto "han resuelto unánimemente y con el acuerdo de sus mandantes continuar el trabajo de esta Comisión, bajo los términos establecidos en dicho protocolo, hasta el 3 de septiembre, para acercar posiciones. En caso contrario, se hará operativo el fallo de la corte de Valparaíso".

Esto viene a dar más plazo ante la incertidumbre instalada por el futuro de la megatoma en la comuna de San Antonio en la región de Valparaíso, esto debido a que este 27 de cumplirá el plazo dado por la justicia para el desalojo de ese sector.

El Ministerio de Vivienda ha realizado una serie de negociaciones para poder conseguir un acuerdo entre las personas que ocupan el terreno, con los propietarios, en el cual la cartera ha tomado un rol de intermediación. La seremi Belén Paredes señaló que su objetivo es evitar el desalojo, pero a través de un método que no haga ilegítimo poder implementar obtener vivienda propia fuera de los procesos regulares del MINVU.

Por su parte, la diputada Carolina Marzán instó “a todas las partes involucradas, a sumar todos los esfuerzos posibles en estas últimas horas y alcanzar un acuerdo razonable, en el marco de la ley, pero que considere la realidad social de más de diez mil personas que viven en las 250 hectáreas que hoy están en la mira de los tribunales de Justicia”. 

La parlamentaria del PPD agregó que “sabemos que es un conflicto complejo, pero la incertidumbre es el peor de los caminos y aunque las conversaciones se están efectuando de manera confidencial, esperamos que en las próximas horas las familias tengan algo de información y se establezca un necesario acuerdo entre los propietarios de los terrenos y el Gobierno. Se trata aproximadamente de más de 10 mil personas, entre ellas adultos mayores, personas con discapacidad y movilidad reducida, mascotas, la verdad es que esto es, si hiciéramos una comparación, como desalojar a una comuna, si consideramos  por ejemplo que Petorca, tiene poco más de esa cifra de habitantes. Es tremendamente doloroso”. 

El plazo judicial para el desalojo vence este miércoles 27 de agosto. En el mes de febrero, las acciones se postergaron por seis meses tras un entendimiento inicial para fijar la tasación del predio. Paralelamente, el Ministerio de Vivienda (Minvu) impulsaba cooperativas habitacionales para habilitar el acceso a la propiedad. 

Si el plazo se cumple sin acuerdo, los propietarios deberán informar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso mediante un “téngase presente” y pedir la ejecución de la sentencia de desalojo, opción en principio desactivada con lo comunicado este lunes. Esto abriría una nueva instancia de coordinación con el Ministerio de Seguridad, la delegación provincial y los municipios de San Antonio y Cartagena.