Organizaciones y expertos manifestaron sus reacciones a partir de las declaraciones de la fiscal a cargo de la investigación en Quintero y Puchuncaví, así como del Ministro de Salud Emilio Santelices.
Este lunes la Policía de Investigaciones allanó las dependencias de la Enap, en Hualén, por indicación de la fiscal de la Región del Biobío, Marcela Cartagena. Los pertijaes buscaban determinar la responsabilidad de la estatal en los episodios de contaminación ocurridos en Talcahuano el 4 de agosto y posteriormente en Quintero y Puchuncaví, el día 21 del mismo mes.
Según Marcela Cartagena, un buque petrolero de la Enap sería el responsable por la emanación de hidrocarburos en ambas regiones: en Biobío por el trasvasije del crudo desde una embarcación iraní al buque Cabo Victoria, y en Valparaíso por la incorporación del crudo de dicha nave a piscinas poco protegidas de la estatal. Para el presidente de la ONG Dunas de Ritoque, Andrés León, la versión de la fiscal Cartagena calza con lo afirmado por la Superintendencia del Medio Ambiente, cuando formuló cargos contra Enap por exponer grandes cantidades de hidrocarburos a la intemperie en Quintero y Puchuncaví.
De todos modos, León indicó a RVL Noticias que si bien los dos primeros episodios se produjeron por hidrocarburos, las intoxicaciones posteriores se originaron, según informó la subsecretaria de Salud, por dióxido de azufre.
Por su parte, Ezio Costa, directivo de la ONG Fima, cuestionó la versión de la fiscal Cartagena, indicando que las declaraciones todavía son inexactas.
En otro plano, ante las declaraciones entregadas ayer por el Ministro de Salud, Emilio Santelices, quien señaló que no se realizarán exámenes toxicológicos a la población afectada, Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, dijo que el gobierno tiene la obligación de dar cuenta del impacto de la contaminación en la salud de las personas.
Para ello, Larraín reiteró a RVL Noticias la necesidad de realizar estudios epidemiológicos en Quintero y Puchuncaví.
Para María Araya, presidenta del Consejo Consultivo de Salud del Hospital de Quintero, el gobierno se equivoca al afirmar que no realizará exámenes toxicológicos, sobre todo por las muestras de orina, medidas en septiembre, que arrojaron presencia de azufre en los cuerpos de 10 adolescentes.
Asimismo, desde la agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví señalaron que las declaraciones del Ministro de Salud “siguen un patrón de irresponsabilidad” de un gobierno poco comprometido con la salud de las personas. María Tereza Almarza, integrante del movimiento, destacó que el gobierno no haya realizado cambios profundos en la zona después de la emergencia sanitaria de agosto y septiembre pasado.
Así, el Ministerio Público procede con las investigaciones para dar con los responsables por los episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví, mientras el gobierno solo se encuentra realizando un seguimiento clínico de las personas que sufrieron síntomas compatibles con intoxicación.