Después de años de investigación, según el fiscal Carlos Gajardo, “se ha podido establecer la existencia de pagos importantes por parte de las universidades a sociedades relacionadas a los controladores”, lo que sin embargo no supondrá sanción alguna para quienes incurrieron en dichas prácticas puesto que ellas no han podido asociarse a ninguna figura penal que sea perseguible por parte de la fiscalía.

Así, el bullado caso “Lucro en las universidades”, lo más probable es que termine archivado.

Estos antecedentes fueron dados a conocer en forma exclusiva por Radio Valentín Letelier, siendo luego reproducidos por medios nacionales, que citando a nuestra emisora dieron cuenta de este grave hecho. 

En conversación con el periodista de RVL Noticias, Ricardo Salazar, el fiscal jefe de la Unidad de delitos de alta complejidad, Carlos Gajardo, de las 12 universidades investigadas, en todos los casos se pudo establecer pagos, pero “el hecho que fondos de una universidad sirvan para pagar servicios prestados por una institución relacionada, no es constitutivo de delito en nuestro país”. Gajardo agregó que tampoco hay un ambiente que sancione estos casos “a pesar de las discusiones en el Parlamento ni tampoco han existido sanciones administrativas, no ha existido un tipo penal y no hay posibilidades de criminalizar estas conductas”.

El fiscal jefe de delitos de alta complejidad señaló que hubo “retroalimentación” entre el Mineduc y la Fiscalía, aunque “no mucho en el último tiempo”, recordando que el Ministerio de Educación lleva en paralelo otras investigaciones por el mismo caso.

Consultados por nuestra emisora, el presidente de la comisión de educación de la Cámara de Diputados, Alberto Robles (PRSD), sostuvo que el Mineduc debe tomar las medidas administrativas en los casos que corresponda, mientras que el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, manifestó que estos casos se producen por vacíos legales. Además pidió ayuda a Gajardo para cooperar con la elaboración de normas que permitan efectiva fiscalización y sanción.

Más enfática fue la diputada DC y ex ministra de Educación, Yasna Provoste, quien sencillamente plantea que las 12 universidades deben ver revocado su reconocimiento oficial.

Estos parlamentarios coincidieron en que en la reforma a la educación superior debe establecer mecanismos de control y sanciones para los planteles que lucren.

Hay que recordar que este caso significó dos informes por parte de comisiones investigadoras del Congreso, los que, más allá de la bulla mediática del momento, tampoco tuvieron mayor impacto.

Así, hechos que en su momento implicaron un amplio repudio en la sociedad, van quedando en el olvido y, lo más preocupante, sin sanciones de ningún tipo, dejando una lamentable sensación de impunidad.

Éste será el tema central de la edición de hoy de Hora Crítica. Les dejamos los audios de Gajardo y los vínculos a los informes de las comisiones investigadoras.

Informe 1

Informe 2

Los centros de estudio investigados fueron las universidades Andrés Bello, de Las Américas, de Viña del Mar, Santo Tomás, San Sebastián, Central, del Desarrollo, SEK, UNIACC, Pedro de Valdivia, del Mar y  la Universidad  Autónoma.

 

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