El fiscal de la Unidad Anticorrupción de Valparaíso, Patricio Toro, entregó a Radio Valentín Letelier detalles de la investigación por fraude al fisco, malversación de caudales públicos y obtención fraudulenta de prestaciones estatales en la Municipalidad de Valparaíso.

El caso considera un perjuicio al Fisco estimado de $118.769.823. Toro señaló que la investigación se encuentra en una fase “pre-judicial” y que, hasta el momento, las principales aristas que indaga el Ministerio Público son la contratación de funcionarios y el pago de servicios sin su acreditación correspondiente en dependencias de la Municipalidad de Valparaíso.

La investigación de la Fiscalía se sustenta en dos querellas interpuestas por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y el Consejo de Defensa del Estado. Cabe destacar que ambos recursos judiciales se sustentan en un informe emitido en 2017 por la Contraloría Regional de Valparaíso.

Luego de examinar la legalidad de los ingresos, egresos y fondos de administración del municipio porteño, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2017, dicho documento identificó irregularidades en las cuentas y balances del municipio; en la ejecución del convenio con la Corporación Municipal (Cormuval); en los ingresos devengados por el servicio de parqueadero municipal; y la contratación de pólizas de seguros para bienes muebles e inmuebles municipales.

Según informó a RVL Noticias el fiscal Patricio Toro, ninguna de las aristas del caso ha concluido, por tanto la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) continúa tomando declaraciones a funcionarios y ex funcionarios de la Municipalidad y la Cormuval.

Así lo indicó a RVL Noticias el fiscal de la Unidad Anticorrupción de Valparaíso, Patricio Toro.

Así entonces, Ingrid Garretón, Julio Bajo y Vania Figueroa fueron interrogados, en calidad de imputados, por la PDI. Según la querella presentada por el municipio, “estos tres funcionarios se encontraban prestando servicios a ambas instituciones”, es decir, a la alcaldía y la Cormuval. En esta misma línea, también declaró como imputado Arturo Vega, quien, según la querella del CDE, “se comprometía a efectuar labores de asesorías al equipo de comunicaciones y apoyo a proyectos culturales. Por dichos servicios se pagó la suma de $7.098.028, en circunstancias que dichas laborales jamás se efectuaron”.

En estas entrevistas, el fiscal Toro dijo a Radio Valentín Letelier que los imputados buscan acreditar que sí prestaron servicios a la Municipalidad y/o a la Cormuval, presentando documentación y el testimonio de testigos que validan sus dichos. Cabe destacar que también se presentó a entregar declaraciones el ex alcalde Jorge Castro, pues durante su gestión se produjeron las irregularidades al interior del municipio porteño.

En conversación con RVL Noticias, el militante de la UDI dijo que declaró en calidad de testigo en 2018, y que mientras la investigación esté en curso “no entregará declaraciones”. Por ahora, Patricio Toro señaló que se presumen los delitos de fraude al Fisco, lo que dependerá de la calidad de los funcionarios. Asimismo, si en los hechos investigados se establece la intervención de personas particulares, la Fiscalía también podría presentar cargos por estafa.