La Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, negó que hubiesen sido responsables de los episodios de intoxicaciones de Quintero y Puchuncaví.

La versión fue entregada por Gabriel Méndez, gerente corporativo y de sustentabilidad de la petrolera estatal, ante la comisión investigadora de la Cámara.

Las operaciones con el crudo proveniente de ENAP, se conoció a mediados de año, lo que motivó de la firma un análisis de lo que se realizaría. La firma, señaló Méndez, estaba informada que el petróleo poseía que una alta concentración de ácido sulfrídrico, por lo que tomaron medidas al respecto.

El buque tanque Monte Toledo arriba el 14 de julio del 2018, a la Región del Biobío, con su capacidad de carga completa, lo que motivó que se realizara un trasvasije la mitad de la carga al buque Cabo Victoria, de ENAP. Considerando la composición, se hizo una planificación para operaciones de recepción, lo que motivó elaborar dos análisis sistemáticos de riesgo, para el traspaso y la descarga.

ENAP señaló que contrató a la empresa Baker and Hughes, para realizar todo con estándares de seguridad, buscando neutralizar el ácido sulfrídrico. ENAP recibió apoyo de la empresa Oxiquim, ya que esta forma, también cuestionada en el caso, produjo en Coronel un elemento químico para “secuestrar” el componente del ácido sulfídrico y poder rebajar su concentración.

Méndez señaló que en Talcahuano, el 3 y 4 de agosto se realizó el alije, es decir el traspaso de crudo entre naves, esto en la Bahía de Concepción. La operación fue entre el Monte Toledo y el Cabo Victoria, monitoreando que no haya emanación de gases. ENAP señaló que la operación fue supervisada por la Armada y la Directemar emitió un certificado de condiciones normales de emanaciones, ya que señalaron hacer todo en ambientes cerrados y argumentan que no hubo afectaciones a la salud de las personas que participaron de la operación.

Méndez señaló que hay 11 kilómetros de distancia entre el lugar donde se realizó la operación de alije y los recintos comerciales y hospitalarios, donde los cuales se reportaron los malos olores que obligaron a evacuar los lugares y que la Fiscalía argumenta se relacionarían con las operaciones. ENAP señaló que después del desembarco en San Vicente, el 5 de agosto, se produjo la descarga en un circuito cerrado.

Posteriormente las maniobras que se realizan entre el 8 y 9 de agosto en el terminal marítimo en Quintero, la firma dijo que se usó el mismo plan de evaluación de riesgo, y se aplicó el mismo “secuestrante”, producto fabricado por Oxiquim, en una línea de descarga. Méndez informó que el crudo quedó en 3 estanques, que no estaban en proceso de mantención, esto apelando a los recientes cargos presentados por la Superintendencia del Medio Ambiente.

ENAP informó que las mediciones de ácido sulfídrico arrojaron iguales resultados, no se reportaron malos olores ni problemas de salud de los trabajadores esos dos días, negando que fueran los responsables del hecho.

Las operaciones con este crudo se originaron por una deuda que surgió el 2008 por la participación de ENAP en una firma en Irán, Sipetrol. ENAP declaró la inviabilidad económica de este consorcio y se retiró del proceso de negocio, que daba derecho a reembolso, asociado a los gastos de operación de la época. Así, se generó la posibilidad de recuperar la deuda, fijada el 2017 en entrega de crudo iraní.

La fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, se excusó de entregar información a la comisión investigadora por la contaminación en Quintero y Puchuncaví. La abogada persecutora fue requerida por la instancia parlamentaria para dar cuenta de las informaciones que indaga, luego de comunicar que se investiga como causa de las intoxicaciones en la zona, el uso por parte de ENAP de un crudo desde Irán, con ciertos elementos derivados del Azufre.

La fiscal señaló que el estado de la causa no le permite entregar más información acerca de las investigaciones del caso, invocando la legislación que le establece reserva de informar las indagatorias a terceros.

La investigadora fue fuertemente cuestionada por ENAP, empresa que pidió su salida de las investigaciones, debido a que su marido es abogado asesor de la petrolera. La formulación fue presentada al fiscal nacional Jorge Abbott, quien finalmente rechazó la solicitud de ENAP, debido a que el abogado no era funcionario permanente de la firma, sino que cumplía trabajos de manera “esporádica”.