El escrito fue ingresado por los abogados Juan Domingo Acosta, Cristian Muga y Rodrigo Ávila, esto para inhabilitar a la Fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, en la investigación penal.

El caso se refiere a la "presunta contaminación ambiental de las zonas de Quintero- Puchuncaví", como lo definió la Fiscalía en un comunicado.

Según el Ministerio Público "la decisión se funda en que no existen antecedentes de que den cuenta que el cónyuge de la Fiscal Regional, el abogado Álvaro Sepúlveda, sea interviniente y/o tenga patrocinio o poder en la investigación penal referida". La presentación de ENAP apuntaba a que Sepúlveda, esposo de Cartagena, asesora a ENAP desde el 2013. 

Abbott así, cuestionó la interpretación que diera ENAP, al artículo 55 N° 2 de la Ley 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

El día jueves 3 de enero, el fiscal nacional ya había anticipado respuestas a la presentación, cuando conversó con la periodista Eliana Díaz Vásquez, al señalar que la función asesora del abogado en ENAP sería "esporádicamente", agregando que, existiendo el lazo, Sepúlveda "no es funcionario" de la petrolera.