Por Nicole Pastene Sanguinetti
Abogada y expresidenta del Directorio de la Empresa Portuaria Valparaíso

La reciente confirmación, por parte del Comité de Ministros, de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto sitio Costanera (ex TCVAL) de Puerto de Valparaíso, correspondiente a la expansión de 430 metros de frente de atraque, además de la construcción de un paseo peatonal de 1,2 km que conectará el Parque Barón con el sector de Bellavista y la construcción de un nuevo ascensor en el cerro Arrayán, constituye una de las noticias más relevantes para el desarrollo de la infraestructura logística nacional de los últimos años. Casi simultáneamente, la Empresa Portuaria San Antonio anunció la decisión de dejar sin efecto la licitación del Puerto Exterior para redefinir la forma en que ejecutará su proyecto, privilegiando una implementación por etapas.

Algunos insistirán en interpretar estas noticias desde la lógica de la competencia entre Valparaíso y San Antonio. Caer en ello sería un profundo error.

La verdadera competencia no está entre ambos puertos, está en la costa del Pacífico, en terminales portuarios que avanzan aceleradamente en infraestructura, digitalización, conectividad ferroviaria y capacidad logística. Está en aquellos países que hace años entendieron que la infraestructura portuaria no se planifica de forma aislada, sino desde una estrategia nacional de desarrollo que sea verdaderamente efectiva. De este modo, estas dos noticias vistas en conjunto dejan una enseñanza mayor: Chile necesita dejar de pensar sus puertos como proyectos aislados y comenzar a entenderlos como un sistema logístico integrado. Valparaíso y San Antonio cumplen funciones distintas, atienden mercados diversos y responden a configuraciones urbanas y operacionales que no son equivalentes. Precisamente por eso, ambos son indispensables.

Esa misma lógica explica la importancia de la ratificación ambiental del proyecto de expansión de Valparaíso. Obtener una RCA favorable y verla confirmada por el Comité de Ministros representa un tremendo logro, pero no implica que el trabajo haya terminado. Significa que el país ha despejado una de las principales incertidumbres para que ahora puedan desarrollarse las siguientes etapas con mayor certeza jurídica, social, técnica y confianza para los inversionistas. Esa confianza no beneficia únicamente a Puerto Valparaíso, sino que fortalece el posicionamiento de nuestro país en su conjunto.

Esta resolución es fruto del trabajo de años por parte de equipos técnicos, profesionales, autoridades y directorios, que comprendieron que desarrollar un puerto implica mucho más que construir un nuevo frente de atraque. Se trata también de construir legitimidad, dialogar con la ciudad, responder a las exigencias ambientales, generar confianza y sostener un proyecto incluso cuando las dificultades parecían mayores que las posibilidades.

Una política portuaria moderna debería preguntarse cuál es la mejor especialización para cada terminal, cómo optimizar el uso de la infraestructura existente, dónde deben priorizarse las inversiones públicas en conectividad vial y ferroviaria, cómo fortalecer la digitalización de la cadena logística y de qué manera cada puerto puede aportar mayor valor al sistema nacional.

La discusión, entonces, no debería centrarse únicamente en construir más infraestructura, sino en utilizar mejor la que ya tenemos mientras avanzamos, responsablemente, hacia la generación de las nuevas capacidades que el país demandará, con un activo rol estatal con miras a coordinar, priorizar y conducir una visión logística nacional que armonice inversiones, evite sobre capacidad de oferta, genere complementariedades y permita que cada puerto desarrolle plenamente sus ventajas comparativas.