El presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, Osvaldo Corrales, realizó una exposición en la comisión de Derechos económicos, sociales y culturales del Consejo constitucional.

En esta línea, expresó la importancia de la Iniciativa Popular de Norma propuesta por el CUECH, que consagra la educación pública, pluralista y laica, y que modifica el Artículo 16.22 de la actual Propuesta Constitucional, con la siguiente fórmula:

“El Estado proveerá educación pública, laica, pluralista y de calidad, a través de establecimientos educacionales propios, en la enseñanza parvularia, básica, media y superior, emplazados y articulados en todos los territorios del país. Dichos establecimientos promoverán la libertad de pensamiento y de expresión, la tolerancia, el respeto, la valoración y el fomento del mérito, la inclusión, la equidad, la participación y el compromiso con Chile y su desarrollo, considerando las particularidades locales y regionales, así como las de cada una de las etapas y modalidades formativas. El Estado garantizará la calidad y el financiamiento que requieran sus establecimientos educacionales”. 

El rector de la Universidad de Valparaíso, señaló al respecto que es importante "tener presente que el derecho a la educación no sólo es un derecho humano, sino que es un derecho que resulta esencial para el ejercicio de un conjunto de otros derechos civiles y políticos en la medida que permite el desarrollo progresivo de la autonomía de los individuos, que es la condición sine qua non para el eficaz ejercicio de esos derechos al interior de las sociedades democráticas", dijo.

Por eso, a juicio de Corrales, la iniciativa popular de norma busca expresar mejor el deber y pertinencia del Estado en materia del Derecho a la Educación.

"Evidentemente, la existencia de un sistema de educación pública como el descrito no se opone en modo alguno a la libertad de educación o al derecho preferente de los padres a decidir acerca de la educación de sus hijos e hijas, sino que, por el contrario, permite su pleno ejercicio al generar una alternativa que no favorece ninguna orientación filosófica o axiológica particular, sino que estimula la autonomía", agregó Corrales.

Él destacó que Chile “tiene una tradición histórica donde la educación pública impartida por Universidades del Estado ha sido garantía de inclusión y movilidad social”, dijo.

Corrales citó la Constitución de 1833, en que "se dispuso que la educación pública era una atención preferente del gobierno" y se ordenó al Congreso la formación de un plan general de educación nacional, instituyéndose un Ministerio y una Superintendencia de Educación Pública, además de la Constitución de 1925, junto con asegurar la libertad de enseñanza y el carácter obligatorio de la educación primaria, "que reafirmó la idea que la educación pública es una atención preferente del Estado", argumentó.

Señala que esto sufrió un deterioro en el ámbito con la Constitución de 1980.

"De acuerdo con datos disponibles en la Biblioteca del Congreso Nacional, la matrícula en educación escolar pública (municipal) cayó en 40 puntos porcentuales entre 1981 y 2012, pasando de representar el 77,9% del total a sólo el 38,2%, mientras que en igual período la matrícula de los colegios particular-subvencionados pasó de representar el 15,2% a ostentar el 53,1%. Si bien alguien podría pensar que este proceso de privatización de la matrícula escolar no es en sí mismo perjudicial, trajo consigo una segmentación de la población escolar que ya en 2012 había transformado a Chile en el país con el sistema educacional más segregado de la OCDE, además de ser el más privatizado, con cerca del 60% de los estudiantes matriculados en establecimientos de ese tipo contra un promedio de sólo el 18% entre los países que integran esa organización", dijo.

En estudio presentado en 2012 por el “Foro chileno por el derecho a la educación” constataba que “el 70% de los estudiantes de escuelas municipales son de escasos recursos y el 75% de los alumnos de escuelas privadas son de hogares con mayores ingresos” y agregaba que el grado de integración socioeconómica –indicador que mide la diversidad socioeconómica de la población dentro de las escuelas–, es inferior al 50% en Chile, mientras los países miembros de la OCDE promedian 74%, y Noruega y Finlandia alcanzan al 89%”, expuso.

Por eso, señala que existe una problemática muy fuerte en cuanto a la segmentación económica en diversos niveles, lo cual debe ser atendido por el sistema de educación pública.

"Consideramos fundamental que en la nueva Constitución se garantice la existencia de una robusta red de establecimientos estatales que provean educación pública, laica, pluralista y de calidad, articulada en todo el territorio nacional y niveles de enseñanza, lo que, como señalara previamente, en ningún caso se contrapone con el derecho de los particulares a crear, organizar y mantener establecimientos desde sus propios proyectos educativos, sino que refuerza la tradición de provisión mixta que, en esta materia, tiene nuestro país", finalizó.