El fiscal de Viña del Mar, Claudio Reveco, informó que el Ministerio Público ya indaga el posible desvío de fondos a campañas políticas en el caso de estafas reiteradas al interior del municipio de Viña del Mar tras la segunda jornada de formalizaciones.
Esta vez se le imputaron los cargos como segundo autor del delito a Patricio Medina, quien se hizo pasar como abogado para defraudar a clientes junto a Sebastián Rojas, ex funcionario de la Municipalidad de Viña del Mar y principal implicado en la seguidilla de estafas.
El hombre, actor de oficio, en algunas ocasiones se presentó como abogado de una inmobiliaria utilizando el nombre de Gonzalo Figueroa. Según la fiscalía, en once ocasiones utilizó este modus operandi para engañar a las personas que eran convencidas por Rojas.
Finalmente, la jueza Valeria Echeverría determinó dejarlo en prisión preventiva y le ordenó pagar una multa de 10 millones de pesos por los perjuicios cometidos.
Al respecto, el abogado defensor de Medina, Darío Guajardo, criticó las pruebas presentadas por la Fiscalía en contra de su representado.
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Medina fue trasladado al centro penitenciario Santiago Sur.
Durante la audiencia, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar emitió una orden de detención en contra de Polonia Contreras, quien no se presentó a la audiencia pese a que también debía ser formalizada. La mujer es ex funcionaria del municipio y tendría el mismo nivel de implicación que Rojas.
Jaime Silva, defensor de Sebastián Rojas, indicó que Polonia Contreras invitó a Rojas como comisionista y que ella es la responsable de dar cuenta del destino de fondos defraudados.
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Al respecto, el abogado del municipio, Mario Araya, señaló que en el caso de la alcaldía el perjuicio llega a los 80 millones de pesos.
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El fiscal Claudio Reveco se refirió a la posible fuga de dinero a campañas políticas.
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Transcurridos algunos minutos de la sesión, uno de los abogados querellantes en el caso, Patricio de la Horra, solicitó a la magistrada el traslado de Rojas al penal de Valparaíso, debido a las regalías que tenía en la cárcel de Quillota donde cumple la prisión preventiva.
Una de las pruebas que presentó el querellante fue una fotografía que Rojas subió a las redes sociales bebiendo con unos amigos al interior del penal.
De la Horra valoró que el tribunal acogiera su petición, manifestando que la situación era grave puesto que el imputado tenía libre acceso al exterior, lo que era perjudicial para investigar el destino de los fondos.
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Según informó el Ministerio Público, hasta el momento son más de 60 las personas estafadas por la banda y más de 800 millones de pesos el monto defraudado.